La recurrencia a los informes PISA (Programa para la Evaluación
Internacional del Alumnado), que vienen siendo publicados cada tres años a
partir del año 2000, sobre el rendimiento educativo en diversos países y
regiones, es habitual entre los estudiosos de la Educación de todo el mundo.
Utilizar este recurso no
significa estar de acuerdo con su planteamiento técnico, sus objetivos,
contenidos y los sesgos derivados de la naturaleza de la institución que los
promueve, la OCDE (1) (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Nada que objetar al derecho de
los países a reunirse en torno a objetivos declarados y avanzados en el propio
título, en la frase que la identifica. Aquí solo quiero dejar constancia de que
el interés de la organización está teñido del color neoliberal que emergió con
fuerza en el mundo desarrollado en los
años .80 del siglo pasado, siendo la Educación
un objetivo instrumental en función de los propiamente económicos.
En todo caso conviene aclarar
algunos matices que permitan valorar este programa con la mayor objetividad
posible.
Algunos destacados profesores, como Julio Carabaña, participan con sus
artículos en el análisis de resultados (lo han hecho en distintas ocasiones),
tienen un conocimiento profundo de la metodología del análisis de datos y merece
la pena leerlos (2). En mi caso, sin considerarme tan experto, vengo acudiendo
a esta fuente, tanto en mi tesis doctoral como en diversos artículos que
publico en mi blog, necesito dejar constancia de mi punto de vista sobre
algunos aspectos.
En esta ocasión voy a señalar,
sin extenderme demasiado, las fortalezas
y debilidades de estos informes, que dicho sea de paso, dan cuenta del
rendimiento del alumnado de 15 años en Matemáticas, Lectura y Ciencias.
Veamos en primer lugar los puntos fuertes:
1. El informe procede de una
investigación que técnicamente reúne suficientes requisitos para ser
considerada fiable.
2. El hecho de realizarse, en el
caso del último (2012), sobre 65 países del mundo le concede una importancia
capital por la posibilidad de comparación entre los participantes.
3. La extraordinaria muestra total
de alumnado examinado que asciende a 510.000 (en España 25.313) añade un plus
de validez al proceso y resultados.
4. La posibilidad de que las
Comunidades Autónomas españolas aumentaran la muestra con objeto de obtener
suficientes datos fiables referidos a su territorio (14 CCAA lo hicieron)
permite matizar los resultados del conjunto de España.
5. El procedimiento de obtención de
los datos de rendimiento del alumnado a través de exámenes “ad hoc”, realizados
en el propio centro y no a partir de las notas que proporciona el profesorado,
agrega un punto de objetividad a los informes.
En cuanto a los puntos débiles
tenemos:
1. Los informes olvidan esa parte
tan importante de la Educación que
constituyen los hábitos, actitudes y valores relacionados con el ejercicio de
la convivencia, como el uso de la libertad, los deberes y derechos ciudadanos,
la forma de afrontar los conflictos, etc.
2. No se abordan los posibles
efectos de la metodología en las
aulas.
3. Se sacan conclusiones
contundentes (3) sobre los resultados aunque la serie solo ha estudiado los
últimos 12 años, sin tener en cuenta la situación de partida de cada territorio
hace 30 ó 40 años. Si tenemos en cuenta que el estado de bienestar alcanzado en los países del Oeste europeo tardó
en conseguirse más de 35 años, desde el fin de la 2ª Guerra Mundial hasta
aproximadamente los años .80, consiguiendo, por ejemplo, niveles de
escolarización y titulación antes desconocidos, se impone la cautela a la hora
pontificar sobre el efecto de las políticas educativas, cambiantes y en
bastantes casos de tendencia neoliberal, aplicadas en el curso de unos pocos
años.
4. La presentación de los
resultados en un ranking ordenado de mayor a menor puntuación, como si fueran
los participantes en una carrera ciclista, sin especificar el significado de
las diferencias (10 puntos, por ejemplo, es una diferencia poco significativa),
induce, a causa del efecto de halo, a valoraciones erróneas, teniendo en cuenta
que muchísima gente solo atiende al gráfico de la clasificación obviando el
conjunto de los informes.
5. Las grandes diferencias
culturales entre unos países y otros, en algunos casos extremas (como las
existentes entre el Oeste europeo y el extremo oriental del continente asiático),
imposibilitan de hecho una comparación directa (aunque las puntuaciones son
aprovechables de otras maneras).
6. La extracción de datos del
estatus social, económico y cultural de las familias se obtiene por
declaraciones del alumnado obviando
medios más objetivos.
7. No se relacionan los resultados
con la renta per cápita de cada país o región, aunque sí con la inversión
educativa.
8. No explica avances y retrocesos
significativos de algunos países como los ocurridos por ejemplo en Suecia y
Noruega.
El balance entre lo positivo y
negativo es de suma “0”, es decir, lo importante es realizar análisis e
interpretar los datos de manera crítica, teniendo en cuenta todos los matices
expuestos y posiblemente otros que aquí no se han señalado.
Dicho esto, el voluminoso
contenido de los informes PISA puede y debe seguir aprovechándose para indagar
en las relaciones con otras variables externas que no siempre están presentes
en los informes oficiales. Y esto es lo que voy a intentar hacer en algunos
artículos posteriores.
(1) OCDE
(Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos), fundada en 1960, con sede en París, que agrupa a 34
países de los continentes europeo y americano, España entre ellos..
(2) Programa para la Evaluación
Internacional de los Alumnos 2012. Informe español. Volumen II. Análisis
secundario. MECD, 2014.
(3) En
la nota de prensa de 3/12/2013 en la que el MECD dio a conocer los primeros
datos, se decía sin consideraciones justificativas de ningún tipo que: Polonia y Portugal, países comparables por tamaño y situación geográfica
respectivamente con España, han experimentado una considerable mejora en PISA
en los últimos años que se debe, en parte, a políticas orientadas a una mayor
autonomía de los centros educativos y a la introducción de mecanismos de
rendición de cuentas.
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